Chile debe garantizar el derecho a la salud, incluido el acceso al aborto seguro

La relatora especial de la ONU* sobre el derecho a la salud instó a Chile a alinear su Constitución con las normas internacionales de derechos humanos “para garantizar plenamente el derecho a la salud para todos”.

Tlaleng Mofokeng, que concluyó este miércoles una visita oficial al país sudamericano, reconoció que el gobierno tiene la voluntad de abordar los desafíos sanitarios en materia de salud mental y salud sexual y reproductiva, así como las disparidades en el sistema de salud público-privado.

“Aunque la Constitución chilena hace referencia al derecho a elegir el sistema de salud, no garantiza el derecho a la salud en sí mismo”, declaró la experta, y añadió que Chile debe dar prioridad al financiamiento de la salud y garantizar una asignación equitativa de los recursos.

La salud es un negocio

En este sentido, explicó que durante su visita escuchó repetidamente la “preocupante” idea de que en Chile la salud no es un derecho, sino un negocio.

“Los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile, lo que conduce a una mala gestión de los principios de la ética médica y la economía de la salud”, acotó.

Mofokeng agregó que es fundamental que los Estados proporcionen mecanismos de supervisión independiente para garantizar la rendición de cuentas.

Igualdad de acceso a los servicios

La relatora especial subrayó que el gobierno chileno tiene la obligación de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud prestados por terceros, y aludió a los largos tiempos de espera en los servicios de salud con millones de personas esperando diagnósticos, estudios y tratamientos.

Reportó que los médicos, las enfermeras y otros profesionales de la salud denunciaron cargas de trabajo y niveles de estrés insostenibles, agravados por la frustración de los usuarios ante estos retrasos.

Ley del aborto

Al referirse a la salud sexual y reproductiva, Mofokeng instó al Congreso de Chile a modificar su restrictiva ley del aborto, que sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: el riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o el embarazo por violación.

Además, la ley permite la objeción de conciencia de profesionales de la salud a título individual e incluso permite que hospitales y centros de salud completos se declaren con el “estatus de objetor de conciencia”, lo que hace que los servicios de aborto sean inaccesibles en esos centros.

Por otra parte, la experta encomió los recientes avances en políticas para promover entornos de trabajo saludables y destacó la dedicación del personal sanitario.

Medicina indígena

Mofokeng visitó un hospital administrado por la comunidad mapuche en Temuco que integra la medicina occidental y la tradicional, practicada por machis o curanderas tradicionales.

De ese sitio, resaltó cómo se complementan ambas visiones en la curación de los pacientes y llamó a respetar los derechos de los pueblos indígenas a autodeterminarse, a participar en el diseño de leyes y políticas, en la toma de decisiones, en la aplicación y en el seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que afecte a sus derechos y a sus tierras, y a devolverles sus territorios para que gocen de autonomía y dignidad.

También afirmó que la desmilitarización completa de sus tierras “es un elemento crítico para su curación”.

Dictadura y salud mental

Con respecto a la salud mental, la relatora especial citó el aumento de la demanda de servicios en ese campo debido al trauma intergeneracional de la dictadura, la militarización de las tierras indígenas y las lesiones sufridas durante el estallido social de 2019.

Por lo mismo, pidió que se aumente el número de profesionales psicosociales y se refuerce la psiquiatría de base comunitaria para la intervención y el tratamiento tempranos.

Mofokeng consideró que Chile puede lograr pronto un acceso mayor y más equitativo a la atención de salud y a garantizar el derecho a la salud, y urgió a todos los actores a realizar un esfuerzo concertado para avanzar en políticas y legislación.

“Chile puede pasar del trauma de su pasado a un futuro de prosperidad y recuperación de la dignidad para todo su pueblo”, recalcó la experta. 

*Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo, que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y trabajan a título individual.