El Alto Comisionado denuncia el aumento sustancial de las ejecuciones con pena de muerte

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes el aumento “sustancial” de las ejecuciones en todo el mundo en los dos últimos años, en una sesión dedicada a debatir los esfuerzos internacionales para erradicar la pena de muerte.

“Aunque varios países sostienen que es una cuestión de soberanía nacional, desde mi punto de vista, es incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida”, dijo Volker Türk a los Estados miembros en el Consejo de Derechos Humanos durante una reunión sobre la contribución de los poderes judiciales a la promoción de los derechos fundamentales en esta cuestión.

El castigo “no tiene cabida” en el siglo XXI, continuó Turk, señalando que “los principales países con ejecuciones en los últimos años” incluyen Irán, Arabia Saudita, Somalia y Estados Unidos.

Evidencia clara

Los últimos datos de la ONU indican que en 2023 se llevaron a cabo 1153 ejecuciones en 16 países, lo que representa un aumento del 31% con respecto a 2022 y la cifra más alta de los últimos ocho años.

“Eso siguió a un aumento del 53% en las ejecuciones entre 2021 y 2022”, dijo el Alto Comisionado, y agregó que las cifras no tienen en cuenta a China, “donde hay una falta de información transparente y estadísticas sobre la pena de muerte. Hago un llamamiento a las autoridades chinas para que cambien esta política y se sumen a la tendencia hacia la abolición”.

El Sur Global lidera la abolición

Aunque los delitos relacionados con las drogas no cumplen los requisitos para ser considerados como “delitos más graves” en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, representan más del 40% de las ejecuciones con pena de muerte, la cifra más alta desde 2016.

“Esta proporción también ha aumentado considerablemente en los últimos dos años, y casi todas estas ejecuciones tuvieron lugar en la República Islámica de Irán”, explicó Türk.       

En un avance más positivo y a pesar del aumento mundial de las ejecuciones, un número cada vez mayor de países están aboliendo la práctica, impulsados ​​por el Sur Global.

Hoy, 113 países han eliminado por completo la pena de muerte. Esto incluye a Zimbabwe, donde el presidente Emmerson Mnangagwa aprobó una ley que puso fin a las ejecuciones a finales de 2024, junto con otros 26 países de África.

La clave para la abolición son la reforma judicial y la discreción para conmutar las ejecuciones por castigos menores, insistió el Alto Comisionado. Malawi y Malasia han implementado tales reformas, lo que ha llevado a una menor cantidad de muertes.

Türk continuó su intervención y pidió que se hicieran mayores esfuerzos a nivel mundial para garantizar juicios justos y evitar condenas erróneas.

Instó a las naciones a avanzar hacia la abolición total de la pena de muerte, a abogar por moratorias y a garantizar que la pena de muerte se aplique únicamente para los delitos más graves.

El caso de Zimbabwe

También dirigiéndose al Consejo, la fiscal general de Zimbabwe, Virginia Mabiza, explicó que la pena de muerte había sido introducida por los gobernantes coloniales en el siglo XVIII y que perduró más allá de la independencia del país en 1980.

Señaló que más del 56% de la población quería que la pena de muerte permaneciera en los códigos cuando se lo pidió en 1999, mientras que entre 1980 y 2005 se ejecutó a 105 delincuentes condenados.

“Desde entonces, no se han llevado a cabo otras ejecuciones en Zimbabwe, y esto puede atribuirse a decisiones políticas unidas a la discreción judicial contra la pena capital”, dijo la fiscal general al Consejo.

Mabiza explicó que anteriormente se castigaban con la pena de muerte una amplia gama de delitos, entre ellos la conspiración y la tentativa de robo, pero que en 2013, solo una condena por asesinato podía dar lugar a la pena de muerte para el delincuente condenado, de conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la reducción del número de delitos que conllevan la pena de muerte.

Y, señalando varios casos en los que el Tribunal Supremo de Harare determinó que la pena de muerte constituía una violación de los derechos humanos de un preso, Mabiza indicó que las sentencias eran “con frecuencia conmutadas por cadena perpetua”.