En busca de los desaparecidos en México

Published on: 31 mayo, 2024

Por Angélica Ospina

En una radiante mañana de un domingo en noviembre de 2022, diez personas se reunieron en la plaza principal de Zacatecas, un pueblo colonial al norte de Ciudad de México, a tejer. Se encuentran cada semana y trabajan para tejer 100 000 metros de tela roja que representarán a los más de 100 000 mexicanos que han desaparecido y de los que no se tiene noticia. Las integrantes del grupo tienen una conexión personal con la causa: sus familiares hacen parte de los personas desaparecidas. Forman sólo uno de los cerca de 230 capítulos que operan en todo México. Como dedican gran parte de su tiempo a buscar a sus seres queridos, y la mayoría son mujeres, se les conoce como las buscadoras.

La desaparición de personas en México tiene una larga y desgarradora historia. Oficialmente, desde 1952, 116 000 personas han desaparecido y no han sido encontradas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. El fenómeno ha aumentado exponencialmente desde 2006, cuando el entonces recién posesionado presidente Felipe Calderón intensificó la “guerra contra las drogas” del país. Durante su sexenio desaparecieron más de 40 000 personas, una cifra casi dieciocho veces superior a la de todos los desaparecidos en las cuatro décadas anteriores. Desde entonces, el número de víctimas sólo ha crecido. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que duró de 2012 a 2018, casi 100 000 personas fueron registradas como desaparecidas. Durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el total aumentó otro 13 por ciento; sólo en 2023, desaparecieron casi 30 000 personas.

El repunte en la tasa de desapariciones está estrechamente relacionado con un aumento general de la violencia en México. Desde la llegada de López Obrador al poder se han registrado oficialmente más de 185 000 asesinatos, más que durante cualquier administración anterior. A medida que los grupos criminales se enfrentan por el control territorial en todo México, más personas se encuentran en peligro, y muchos de estos grupos violentos buscan secuestrar a sus víctimas y deshacerse de sus cuerpos en fosas clandestinas. Hay varias razones que impulsan esta decisión de los criminales. Las desapariciones son una forma de castigo que busca prolongar el calvario de la familia más allá de la muerte, y enviar una escalofriante advertencia en las zonas donde operan los delincuentes. También resultan ser una forma eficaz de perpetrar actos de violencia extrema sin disparar las tasas de homicidios. Esto puede ser importante porque, como Crisis Group informó recientemente, los pactos de tolerancia mutua entre las autoridades y los grupos criminales en ciertas partes de México han buscado limitar la violencia manifiesta, lo que ha provocado que algunas organizaciones oculten los asesinatos que cometen.

Por último, una mejor gestión de registros también podría haber influido en el aumento del número oficial de personas desaparecidas. Desde que se incluyó el delito de “desaparición forzada” en el Código Penal en 2017, más personas lo han denunciado. (Según la legislación mexicana, “desaparición forzada” se refiere a casos en los que servidores públicos (como policías o militares) están involucrados en el crimen; mientras que en el delito de “desaparición cometida por particulares” el perpetrador es un civil).

Patrones de desaparición

Sobresalen algunos patrones en las desapariciones. Los hombres suelen ser reclutados a la fuerza por grupos delictivos, lo que es una de las razones por las que tienen más probabilidades de ser desaparecidos que las mujeres (la mayor parte de personas desaparecidas son hombres entre los 30 y 40 años). Los hombres desaparecidos también tienen más probabilidades de ser encontrados muertos que las mujeres. Por el contrario, las desapariciones de mujeres y niñas suelen estar relacionadas con el tráfico sexual: los estados que registran los niveles más altos de este delito son también las regiones donde es más probable que desaparezcan niñas y mujeres. Estas víctimas suelen tener entre doce y diecisiete años. Las personas con uso problemático de sustancias, pequeños traficantes de drogas o actores menores de otras actividades ilegales también suelen ser objeto de ataques, ya sea como parte de campañas de “limpieza social” o porque cayeron en desgracia con los que están más arriba en la escala del mundo criminal. Las mujeres que se involucran sentimentalmente con estas personas también suelen ser el blanco de ataques. Por último, los personas migrantes que buscan cruzar la frontera hacia EE. UU., particularmente desde Centroamérica, se ven expuestas regularmente a intimidaciones, extorsiones y violaciones durante sus viajes, y algunos resultan también desaparecidas.

Luego están las personas desaparecidas porque se enfrentan a intereses particulares, incluidos los de los grupos criminales. En 2021, la organización ambiental y de derechos humanos Global Witness calificó a México como el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales. Ese mismo año, el Comité para la Protección de los Periodistas catalogó a México como uno de los países más letales del mundo para las personas que trabajan en medios de comunicación. Integrantes de comunidades indígenas, en particular aquellos que son activistas, y las propias buscadoras también están especialmente expuestas a la violencia letal. Casi 100 defensores ambientales han desaparecido desde 2006, y alrededor de 30 periodistas han desaparecido desde 2000.

Y luego están los muchos mexicanos que han sido secuestrados en sus hogares, lugares de trabajo o incluso en autobuses, y simplemente desaparecen sin explicación. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, un promedio de al menos 75 personas desaparecieron cada día en México. Las buscadoras llevan las fotografías de los desaparecidos y cuentan sus historias: el joven que salió a comprar un regalo de cumpleaños y nunca regresó, del que solo queda su ropa de fiesta colgada sobre una silla; el marido que nunca llegó a recoger a su esposa embarazada para llevarla a la cita médica; los dos hermanos que nunca regresaron de buscar a su hermana desaparecida.

La lucha por reconocimiento

Tras décadas de ignorar la difícil situación de los desaparecidos (o, en su defecto, culpar a las víctimas por lo que les sucedió), en la década de 2010 los funcionarios del gobierno mexicano empezaron a tratar el tema con más seriedad. Esto se debió en gran parte a la creación de los primeros capítulos de buscadoras en 2009. Tres años más tarde, su labor de incidencia contribuyó a que el Congreso mexicano aprobara la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La legislación estableció el deber del Estado de mantener un registro de personas extraviadas o desaparecidas y hacerlo público. También especificó cómo debía mantenerse el registro y las instituciones responsables de hacerlo.

Después de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, en lo que es considerada una de las peores atrocidades en la historia moderna mexicana, el Congreso aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Esta ley permitió la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que encomendó a las fuerzas de seguridad locales la búsqueda de los desaparecidos en colaboración con el gobierno federal. También creó el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya principal función era crear una base de datos a nivel nacional para comparar muestras de ADN de cadáveres en morgues y fosas comunes con muestras de familiares de personas desaparecidas. EE. UU., a través de USAID, se comprometió a donar fondos para la creación del laboratorio que realizaría este trabajo. López Obrador, sin embargo, desmanteló el CNIH y decidió que la identificación de restos humanos volvería a estar a cargo de las fiscalías.

Esa no ha sido la única jugada del presidente que ha provocado la ira de las buscadoras. También han criticado lo que consideran esfuerzos de López Obrador por reducir artificialmente el número oficial de desaparecidos. En junio de 2023, el presidente anunció que su gobierno auditaría la lista de desaparecidos, lo que motivó la renuncia de Karla Quintana, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Quintana dijo que había dimitido porque en esencia, temía que el gobierno manipulara las cifras. Sus preocupaciones parecen haberse confirmado en diciembre de 2023, cuando López Obrador dijo que sólo había 12 377 “denuncias confirmadas” de personas desaparecidas. Los familiares de los desaparecidos se indignaron al ver que sus seres queridos habían sido eliminados de la lista, aunque su paradero siguiera sin conocerse.

Mientras el gobierno parece estar dejando de lado la cuestión de los desaparecidos, las buscadoras continúan realizando sus propias investigaciones. Han conseguido logros importantes. Por ejemplo, desde 2018 el colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato ha encontrado 139 personas fallecidas y doce con vida. Asimismo, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón en Sonora encontró 150 cadáveres entre 2019 y 2022. “Les hemos demostrado a las autoridades que el que busca encuentra”, dice Nora Lira, quien creó el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón en 2019 luego de la desaparición de su hija.

Estigma e indiferencia

El primer paso para las buscadoras a menudo consiste en presionar a las personas cuyos seres queridos no son encontrados para que denuncien la desaparición a las autoridades. Las personas temen denunciar por el estigma social que rodea a este fenómeno: muchos mexicanos suponen que las personas que desaparecen están involucradas en actividades turbias, lo cual es cierto en algunos casos, pero ciertamente no en todos. Obdulia Vega, del colectivo Solecito en Veracruz, recuerda que cuando su esposo desapareció en 2010, sus hermanas y su madre evitaban visitarla por miedo a que les pasara algo. Los vecinos también dejaron de hablarle. “Parecía como si tuviéramos la peste”, dijo. Mientras algunos sobrevivientes se quejan de que la memoria de sus seres queridos es injustamente manchada, otros cargan con el dolor de saber que su familiar efectivamente estuvo involucrado en negocios ilegales. Por ello, pocos en México se preocupan por su destino, excepto sus compañeras de búsqueda. “Para mí lo más difícil fue acercarme al colectivo, porque yo sabía que mi hijo andaba en malos pasos”, dijo una madre. “En el grupo he aprendido que … todas las madres merecemos tener un lugar donde llorar a nuestros hijos. Aquí no me discriminan porque mi hijo era esto o aquello, las compañeras lo buscan por igual”.

No es sólo la presión social la que puede disuadir a las personas de denunciar una desaparición. En algunos casos, las propias autoridades son quienes disuaden a las familias de abrir casos. “Cuando fui a poner la denuncia lo primero que me dijeron era que las cosas estaban muy complicadas en Fresnillo [el pueblo donde vivía] y que era mejor que no denunciara porque en el pueblo todo se sabía”, dijo una buscadora de Zacatecas. Quienes deciden llevar su caso ante las autoridades suelen ser recibidas con desdén. Otra madre de Zacatecas dijo que los policías “dijeron que esperara unos días … que seguro [mi hija] se había ido a una fiesta”. Este es un consejo terrible, porque iniciar la búsqueda en las primeras horas tras la desaparición de una persona aumenta enormemente las posibilidades de encontrarla con vida. Por este motivo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas ordena a las autoridades iniciar la búsqueda tan pronto como se reporte un caso. En ocasiones los funcionarios estatales carecen de recursos y personal para hacerlo. Pero en otros casos, son cómplices de grupos criminales y tienen un interés personal en impedir que se descubra el paradero de las personas desaparecidas.

Las buscadoras ayudan a las familias de las víctimas a estar pendientes de la gestión de las autoridades. Se aseguran de que los fiscales estatales clasifiquen los casos de desaparición como tales, en lugar de como secuestros o detenciones ilegales. La distinción es crucial, porque cuando un caso se clasifica como desaparición las fuerzas de seguridad tienen que seguir el protocolo federal de búsqueda y brindar a las familias acceso al expediente de la investigación. Mariana Ávila, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, dice que las autoridades a menudo clasifican erróneamente los casos para ocultar el elevado número de personas desaparecidas en su jurisdicción. “En muchos casos”, dice, “les ayudamos [a las familias] a hacer su propia carpeta de investigación, porque nos ha pasado que después de meses, las personas no saben quién está llevando su proceso y que la misma fiscalía pierde los documentos que son clave en la investigación”.

Las autoridades locales se han dado cuenta que las familias que tienen el apoyo de las buscadoras son implacables. En consecuencia, suelen ser más receptivos cuando saben que la denuncia está vinculada a las buscadoras. Karla Martínez del colectivo Hasta Encontrarte dijo que había exigido sin éxito a un fiscal local que investigara la desaparición de su hermano; luego de presenciar cómo una integrante del colectivo recibía ayuda de inmediato, se unió al grupo. Las autoridades “le tienen respeto a los colectivos, porque movemos medios y las redes y los funcionarios no quieren que los quemes [quedar expuestos negativamente]”, dice Selene Ortiz del colectivo Solecito en Veracruz. “Es distinto si va una persona sola a si va junto con el colectivo, porque ejercemos más presión”.

La búsqueda continúa

Las buscadoras no se limitan a presionar a las autoridades para que hagan su trabajo. Han establecido sus propias bases de datos. Dominan las redes sociales y utilizan plataformas como Facebook para convocar reuniones, buscar personas y presionar a los políticos. Examinar las publicaciones que han quedado en las redes sociales de las personas desaparecidas ha ayudado a las buscadoras a encontrar las casas de seguridad donde los grupos criminales retienen a los secuestrados, a menudo torturándolos hasta que son trasladados a otros lugares y finalmente asesinados. Muchas de sus búsquedas les han llevado a fosas comunes, campos de exterminio o crematorios clandestinos, que han encontrado por todo el país. Maribel Ruiz, integrante de un colectivo de la Ciudad Obregón, explicó que las mujeres realizan el equivalente a un reportaje una investigación: “Damos con lugares por leyendas que se cuentan en las colonias [barrios], que una camioneta vino en la noche y que bajaron bultos. Otras personas nos dicen de un lugar de dónde salen olores muy fuertes. Todos esos son indicios que nosotras seguimos. Cuando llegamos a los baldíos, vemos si hay rodadas de carros y si la tierra está removida, si hay cierto tipo de escombros, tambos o restos de fogatas. Así hemos aprendido a identificar las fosas”. Ruiz encontró los restos de su hijo en 2023, tras más de cuatro años de búsqueda.

En algunos casos, las investigaciones independientes de las buscadoras han generado enfrentamientos con el Estado. Las autoridades han exigido a los colectivos que se abstengan de trabajar por su cuenta; algunos de los funcionarios afirmaron que las investigaciones independientes obstaculizan el trabajo del Estado y podrían contaminar las escenas de los crímenes. Integrantes de un colectivo en Tamaulipas afirman que luego de recuperar tres cadáveres la Fiscalía General de la República amenazó con iniciar una causa penal en su contra. Las buscadoras ven estas amenazas como una forma de neutralizar un movimiento civil que ha puesto en evidencia las fallas de las instituciones estatales. “Es un tema de control político. Nadie quiere que seamos nosotras, las mujeres, quienes de manera independiente estemos encontrando fosas”, dice Bibiana Mendoza, quien forma parte de la Brigada Independiente de Búsqueda de Guanajuato. “Nadie quiere que sean un tema durante las elecciones”, agrega, en referencia a los comicios del 2 de junio en los que los mexicanos elegirán a la próxima presidenta.

Descubrir fosas clandestinas y restos humanos es, por supuesto, sólo el primer paso. Tras descubrir un cadáver o sus restos, las autoridades mexicanas deben identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN y entregarlos a las familias, un proceso que puede tardar hasta dos años. Los colectivos hacen su propio trabajo para presionarles a que avancen más rápido. “Decidimos nosotras mismas levantar los registros de lo que hallábamos [en las fosas] y subirlos [los vídeos] el Facebook”, dice Martínez del colectivo Hasta Encontrarte. “Así los familiares nos escribían cuando reconocían la ropa o alguna marca, un tatuaje y ya con eso había más presión, pues les decíamos qué autoridad tenía los hallazgos y las acompañábamos en el trámite para que se los entregaran. Con esto, vimos que el proceso tardaba menos”.

Integrarse a los grupos de búsqueda puede tener un alto costo personal. Localizar los restos de los personas desaparecidas se convierte muchas veces en la obsesión de las buscadoras. “Mi día entero es buscar. Desde que inicia el día hasta que duermo, muy tarde en la noche”, dijo una buscadora de Zacatecas. “Me levanto y entro al Face y publico las fichas, reviso los mensajes a ver si hay algún reporte de puntos [posibles fosas clandestinas] o un nuevo caso de desaparición para acompañar. Luego me voy al tianguis [mercado] donde trabajo y allí continúo con el WhatsApp coordinando el trabajo con otras compañeras”. La naturaleza absorbente de la búsqueda puede hacer que se resientan los lazos familiares. “Siento que abandoné a mis hijos cuando empecé a buscar a mi hermano”, dice Elizabeth Araiza de un colectivo de buscadoras de Zacatecas. “Mi hija me dice enojada, ‘vete buscar a tus desaparecidos, ¿ya te vas a tus marchas?’”. Aunque lamenta que sus hijos se sientan abandonados, siente que no tiene alternativa: “Si yo no busco a mi hermano, nadie lo va a buscar”.

Vivir bajo amenaza

En algunos casos, las propias buscadoras se han convertido en blanco de la violencia. Desde 2010, al menos veinte buscadoras han sido asesinadas. En 2020, en Guanajuato, Rosario Zavala fue asesinada en la puerta de su casa, donde los asesinos dejaron un cartel que decía: “habla demasiado”. En el mismo estado, Mendoza cuenta que cuando estaba embarazada un hombre le apuntó con un arma y le dijo que dejara de buscar a su hermano. En 2021, cuando su grupo descubrió una fosa clandestina y pidió ayuda a las autoridades estatales para la exhumación, llegaron hombres armados y las persiguieron durante horas. Los funcionarios estatales sólo aparecieron después de que los agresores se habían ido, lo que alimentó las sospechas de las buscadoras de que los funcionarios se habían confabulado con grupos criminales para intimidarlas.

Esto está lejos de ser una mera especulación. Como ha revelado Crisis Group, existe amplia evidencia de que ciertos funcionarios estatales trabajan en conjunto con grupos criminales. En la práctica, puede resultar difícil distinguirlos: los miembros de grupos criminales a menudo visten uniformes y portan armas similares a las de las fuerzas estatales. En 2013, Human Rights Watch documentó la participación del ejército, la marina y la policía federal, estatal y municipal en 149 desapariciones. En 2021, miembros del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informaron que habían encontrado evidencia de colusión entre agentes estatales y el crimen organizado; en algunos casos encontraron que funcionarios estatales eran directamente responsables de las desapariciones. Cabe destacar que en agosto de 2023, el estado de Guanajuato retiró las medidas de seguridad a los colectivos que buscaban restos humanos en la región, dejando a estas buscadoras en una peligrosa situación de riesgo. La magnitud de los riesgos que enfrentan en ese estado llevó al CED a proporcionar protección urgente a quince buscadoras, a partir de 2021.

El año pasado, las buscadoras hicieron una propuesta audaz. En redes sociales ofrecieron negociar un “pacto social” con los grupos criminales para poner fin a las desapariciones. En respuesta, tres de los mayores grupos criminales (el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa) revelaron la ubicación de varias fosas clandestinas. Poco después, el presidente López Obrador dijo que apoyaba la idea. Pero su gobierno no ha dado seguimiento a la iniciativa y las desapariciones han continuado.

Las buscadoras no tienen esperanzas de que las cosas cambien una vez que la nueva presidenta, que será elegida el 2 de junio, asuma el cargo a finales de este año. Sin embargo, continuarán presionando para que el Estado dé una mejor respuesta. Para empezar, exigen que el nuevo gobierno reconozca el uso de las desapariciones como instrumento de violencia criminal. También quieren que el Estado aplique los mecanismos la búsqueda inmediata y a larga data previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. El Servicio de Medicina Legal, debe avanzar en la identificación de los cuerpos y restos que se encuentran en sus instalaciones, y entregarlos a sus familiares de manera digna. Los funcionarios estatales también pueden participar en las investigaciones que las buscadoras vienen desarrollando activamente.

Mientras tanto, los colectivos intentan aprender de otras organizaciones similares. Cada año, el Fondo Semillas (una organización feminista mexicana) y el Observatorio de Violencia Social y de Género realizan un encuentro nacional de buscadoras para construir redes y elaborar una agenda nacional en materia de desaparición forzada de personas. Algunas organizadoras esperan reunirse con grupos similares de otros países latinoamericanos para fortalecer su capacidad de movilización e influencia política en toda la región. Poco a poco, el mundo ha fijado su atención tanto por el alarmante número de desaparecidos en México como en las valientes investigaciones lideradas por estos colectivos. Los socios internacionales podrían ayudar a las buscadoras dando una mayor visibilidad a los desafíos de seguridad que enfrentan, protegiéndolas de manera individual cuan sea necesario e instando al Estado mexicano a apoyar a estos grupos y tomar medidas más serias contra las desapariciones. A pesar de las dificultades, las mujeres de estos grupos están decididas a continuar su lucha. “Hemos aprendido a no rendirnos. Nos matan a las compañeras y seguimos, nos amenazan y seguimos”, dice una buscadora de Guanajuato. “¿Por qué? Porque no tenemos de otra, porque regresar a nuestras casas a continuar la vida no es una opción, porque esa vida que teníamos ya no existe, nos la robó esta violencia, nos la quitó el Estado cuando no investigó la desaparición de nuestros hijos y la sepultó con todas las trabas burocráticas que nos impide traerlos de vuelta a casa”.