Irán intensifica la represión de mujeres y niñas al cumplirse dos años de la muerte de Jina Masha

Dos años después de que se iniciaran las protestas Mujer, vida, libertad tras la muerte bajo custodia ilegal de la joven iraní Jina Mahsa Amini, el Gobierno de Irán ha intensificado sus esfuerzos para reprimir los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y aplastar las iniciativas de activismo femenino que aún existen, advirtió este viernes la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el país*.

Jina Mahsa tenía 22 años cuando fue detenida por la policía de la moral iraní en Teherán el 13 de septiembre de 2022 por presunto incumplimiento de las leyes nacionales sobre el velo, o hiyab, obligatorio. Su muerte bajo custodia el 16 de septiembre de ese año desencadenó una oleada de protestas que se extendió por todo el país.

La Misión indicó que, aunque las protestas masivas han remitido desde entonces, el desafío incesante de mujeres y niñas es un recordatorio continuo de que siguen viviendo en un sistema que las relega a “ciudadanas de segunda clase”.

Desde abril de este año, las autoridades estatales han “incrementado las medidas y políticas represivas a través del denominado Plan Noor (noor significa luz en persa), fomentando, sancionando y respaldando las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas que hacen caso omiso del hiyab obligatorio”, según la actualización de la Misión.

Violencia física y mayor vigilancia

La entidad detalló que las fuerzas de seguridad han intensificado aún más los patrones preexistentes de violencia física, incluyendo golpes, patadas y bofetadas a mujeres y niñas que no cumplen con las leyes y reglamentos obligatorios del hiyab.

Simultáneamente, las autoridades estatales han reforzado la vigilancia tanto en el ámbito público como en el privado, incluidos los vehículos y los drones.

Endurecimiento de las leyes represivas

La Misión también hizo referencia a un proyecto de ley sobre hiyab y castidad, que se encuentra en las últimas fases de aprobación ante el Consejo de Guardianes de Irán.

La legislación prevé penas más severas para las mujeres que no lleven el hiyab obligatorio, incluidas multas exorbitantes, penas de prisión más largas, restricciones de oportunidades laborales y educativas, y prohibición de viajar.

En la actualización también se expresa profunda preocupación por una aparente nueva pauta de condenas a muerte de mujeres activistas, entre ellas algunas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas de Irán, tras ser declaradas culpables de delitos contra la seguridad nacional.

En los últimos dos años, la pena de muerte y otras disposiciones del derecho penal interno, en particular las relacionadas con la seguridad nacional, se han utilizado como instrumentos para aterrorizar y disuadir a los iraníes de protestar y expresarse libremente, advirtió la Misión.

Esto ha afectado a las familias de las víctimas de la violencia en las protestas, a periodistas, a defensores de los derechos humanos y a otras personas críticas con el Gobierno.

Rendición de cuentas

La entidad señaló que la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, sigue siendo “difícil de alcanzar”.

Sin embargo, reiteró su llamamiento al Gobierno de Irán para que detenga inmediatamente todas las ejecuciones de manifestantes y establezca una moratoria sobre el uso de la pena de muerte, con vistas a su abolición.

Asimismo, lo instó a que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el contexto de las protestas, y a que ponga fin a todas las medidas diseñadas para reprimir a mujeres y niñas, incluido el proyecto de ley sobre Hijab y Castidad.

La Misión también pidió a los Estados miembros de la ONU que redoblen sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación.

También instó a que aceleren las solicitudes de asilo y proporcionen visados humanitarios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular a quienes han sufrido lesiones que les han cambiado la vida o se enfrentan a persecuciones.

* El 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encomendó a la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán que investigara las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país relacionadas con las protestas que comenzaron allí el 16 de septiembre de 2022.

Los tres miembros independientes de la Misión son Sara Hossain, presidenta (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Pakistán) y Viviana Krsticevic (Argentina).