La comunidad internacional debe actuar con respecto a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desmantelado los controles que quedaban sobre su poder, afianzando el autoritarismo mediante violaciones graves de los derechos humanos, reportó este miércoles el Grupo de Expertos dedicado a investigar ese tipo de atropellos a las garantías fundamentales en el país.

Con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde marzo de 2022, el grupo especializado denunció la transformación de Nicaragua en un Estado autoritario sin instituciones independientes que reprime a las voces disidentes y a la población en general tanto dentro como fuera del país.

La persecución, el exilio forzado y las represalias económicas son algunos de los abusos que se han cometido desde 2018 por el gobierno de Ortega y Murillo, pero que se han agudizado en el último año, cuando el Estado y el partido gobernante “se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua”, dijeron los expertos.

Vigilancia y control de la población

En un informe al Consejo de Derechos Humanos, el grupo investigador sostuvo que Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas.

Según el reporte, el golpe final al estado de derecho se produjo con la entrada en vigor el 18 de febrero de una reforma constitucional que eliminó los controles constitucionales que quedaban, consolidando así el poder absoluto del Ejecutivo.

La reforma, explicó el Grupo, redujo los poderes judicial, legislativo y electoral a meros “órganos” a ser “coordinados” por la presidencia.

Los copresidentes controlan a todos los actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Estas entidades operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición, expone el informe.

En cuanto al ejército, los expertos encontraron que participó junto con la policía y grupos paramilitares en la represión de las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.

Además, el gobierno ha aumentado las detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y las expulsiones forzadas, apuntando contra cualquier persona percibida como una amenaza.

En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 los nicaragüenses que han sido desnacionalizados de forma arbitraria. En los últimos meses, las autoridades también han incrementado la confiscación de propiedades privadas.

Un Gobierno en guerra contra su propio pueblo

“Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo”, afirmaron los expertos.

Asimismo, subrayaron que algunas de las violaciones documentadas en el informe equivaldrían a crímenes de lesa humanidad, particularmente las referentes a la persecución por motivos políticos.

El documento presentado al Consejo de Derechos Humanos incluye una lista de personas que, junto con Ortega y Murillo, podrían ser responsables de estas violaciones y crímenes.

Los nombres se entregarán al gobierno nicaragüense y a los individuos involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril, una vez que hayan tenido la oportunidad de responder.

Llamado a la comunidad internacional

Dada la escala de las violaciones, el Grupo de Expertos instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.

Los expertos también llamaron a que se brinde mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.

Del mismo modo, recomendaron emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión.

“La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes—acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas— para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas”, apuntó el Grupo de Expertos.

Türk pide resistir la normalización de la ilegalidad en los Territorios Palestinos Ocupados

En una sesión dedicada a presentar el último informe sobre los Territorios Palestinos Ocupados este miércoles, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señaló que el alto el fuego en Gaza debe mantenerse y cada fase debe ser implementada por ambas partes “de buena fe y en su totalidad”.

“Todos nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para construir sobre él, para crear un camino hacia una paz sostenible, para que palestinos e israelíes puedan vivir uno al lado del otro en igualdad de dignidad y derechos. Y debe ser el pueblo palestino el que determine su propio futuro” añadió Volker Türk en el Consejo de Derechos Humanos.

Además, el Alto Comisionado reiteró su llamamiento a poner fin al conflicto, liberar a todos los rehenes y los detenidos arbitrariamente y poner fin a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Türk enfatizó que “es el momento de que prevalezcan las voces de la razón, de soluciones que hagan justicia y dejen espacio para la compasión, la curación y la verdad”.

“Hemos visto demasiada retórica deshumanizadora, incluso por parte de los líderes políticos. Debemos resistirnos a cualquier normalización de conductas ilegales, incluidas las propuestas de anexión o traslado forzoso, que puedan amenazar la paz y la seguridad de palestinos e israelíes y de toda la región”, dijo al respecto.

Cúmulo de violaciones internacionales

El Alto Comisionado indicó que su informe hace balance del “cúmulo de violaciones internacionales” de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y de la ausencia de una rendición de cuentas “significativa” por ellas.

En este sentido, señaló que se ha producido un desprecio “sin precedentes” por los principios del derecho internacional humanitario en la conducción de las hostilidades en Gaza e Israel desde octubre de 2023. 

“Los medios y métodos de guerra de Israel han causado niveles asombrosos de víctimas y destrucción, lo que suscita preocupación por la comisión de crímenes de guerra y otros posibles crímenes atroces“, añadió. 

Türk enfatizó que no hay ninguna justificación “para los horribles ataques cometidos el 7 de octubre de 2023”. Tampoco para “la forma atroz en que Israel ha llevado a cabo sus operaciones militares en Gaza”, donde han muerto más de 48.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Además, las restricciones impuestas por Israel, a pesar de sus obligaciones como potencia ocupante, han creado “una catástrofe humanitaria”.  

En Cisjordania, Israel ha incrementado el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los palestinos, ha destruido campos de refugiados, restringido gravemente la circulación y desplazado a decenas de miles de personas. 

Además, el Alto Comisionado aseguró que cualquier plan para un “futuro mejor” debe abordar el pasado, por lo que la rendición de cuentas y la justicia por las violaciones son “cruciales”.

“Durante más de 57 años, la población de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, ha estado asfixiada bajo la ocupación israelí. Se les han negado sus derechos humanos más básicos, desde el derecho a la autodeterminación, a la libertad de circulación, a un nivel de vida adecuado”, indicó Türk.

“La mayoría de estas violaciones han quedado impunes”, dijo.

Por otra parte, señaló que Hamás y otros grupos armados palestinos han tomado, retenido y torturado a rehenes en Gaza, y han disparado indiscriminadamente proyectiles contra territorio israelí, lo que constituye crímenes de guerra.

También pueden haber cometido otras infracciones graves del derecho internacional humanitario, incluida la ubicación conjunta intencionada de objetivos militares y civiles palestinos.

“Mi Oficina no tiene conocimiento de ninguna medida adoptada por Hamás y otros grupos palestinos para castigar a los responsables de todas las violaciones”, dijo al respecto.