El Gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes, según afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela* en su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este martes, la Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de opositores, o percibidos como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como  defensores de derechos humanos y periodistas.

Fuentes no gubernamentales documentaron al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.

“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró la presidenta de la Misión.

Marta Valiñas dijo que se trata del mismo “patrón de actuación” que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad.

Detención de 150 extranjeros

Asimismo, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 extranjeros acusados de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas.

A este respecto, el experto de la Misión Francisco Cox declaró que los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con los  detenidos “son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional”.

“Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”, añadió.

Disparos contra manifestantes

La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.

“La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión.

“El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas”.

Liberación de los detenidos

Por último, la Misión solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todos los  detenidos arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas.

© Unsplash/Hosein Charbaghi

Vista de Teherán, la capital iraní.

Irán es el país del mundo que más recurre a la pena de muerte

También en el Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial** de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán** afirmó que el extraordinario aumento de las ejecuciones registradas en 2024, con más de 900 casos registrados, convierte a Irán, con diferencia, en el país del mundo que más recurre a la pena de muerte per cápita.

Mai Sato*** señaló en su primer informe al Consejo que la mitad de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos de drogas, seguidos de homicidios y delitos contra la seguridad nacional.

En relación con estos últimos, expresó su especial preocupación por los casos de pena de muerte de mujeres activistas por “delitos contra la seguridad nacional”.

La relatora especial subrayó que su informe pone de manifiesto la grave preocupación que suscitan las restricciones generalizadas a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Irán, las cuales “crean un efecto amedrentador en toda la sociedad iraní”.

Violencia letal contra las mujeres

El informe documenta al menos 179 casos de feminicidio en 2024 y señala que el sistema jurídico iraní ofrece “protecciones preocupantes a los agresores varones”.

“El sistema jurídico iraní trata los homicidios por motivos de honor de forma diferente a otras formas de asesinato, creando una peligrosa jerarquía de violencia que legitima la violencia letal contra las mujeres”, afirmó Sato.

El informe destaca las dimensiones específicas de género de las violaciones de derechos humanos, incluido el efecto desproporcionado de las leyes discriminatorias sobre las mujeres y las niñas en todos los aspectos de la vida: desde el matrimonio infantil al matrimonio, el divorcio, la herencia y el acceso a la justicia.

Mercado Alhamadiya de Damasco (archivo).

La Comisión de Investigación sobre Siria subraya la importancia de la rendición de cuentas

El presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, Paulo Sérgio Pinheiro, destacó el reciente acceso de la entidad al país, documentando las continuas violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y desapariciones.

Además, se reunió con víctimas y grupos de la sociedad civil que abogan por la justicia.

A pesar de la liberación de presos, el país se enfrenta a graves problemas económicos y humanitarios, y la violencia continúa en varias regiones.

Pinheiro subrayó la importancia de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para la recuperación de Siria, e instó a las autoridades interinas a llevar a cabo reformas y prevenir futuras atrocidades.

* En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su último informe anual durante un dialogo interactivo del Consejo en septiembre de 2024, acompañado de un documento de sesión con sus conclusiones detalladas. En su resolución 57/36 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.

** Los relatores especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

*** Mai Sato es relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán.

Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).

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