La nueva enmienda a la Constitución de Nicaragua tendrá consecuencias nefastas en los derechos humanos

El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la Constitución que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia al de “copresidencia”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa.

Asimismo establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la “estabilidad” del Estado.

Poder ilimitado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* expresó gran preocupación este lunes por esta reforma a la Carta Magna, advirtiendo que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega “un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.

Ese poder también puede ser ejercido por la actual titular de la vicepresidencia, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega.

Los expertos alertaron de las consecuencias “nefastas y trascendentales” del cambio constitucional para los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense.

“Después de haber prácticamente erradicado el periodismo independiente en Nicaragua, el gobierno ha eliminado ahora la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación”, destacó el presidente del Grupo de Expertos.

Eliminación de la dignidad de la persona

Jan-Michael Simon también subrayó la eliminación “del respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación, poniendo a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial que considera la dignidad como la piedra angular del orden internacional basado en los derechos humanos”.

Desde el regreso de Ortega a la presidencia en 2007 se han implementado doce reformas constitucionales. En esta ocasión, la enmienda afecta a más de cien artículos de la Carta Magna.

El presidente del Grupo de Expertos señaló que todo parece indicar que el objetivo del gobierno es “legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”.

Disolución de la división de poderes

“Al adoptar un lenguaje impreciso, esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”, explicó Simon.

El experto que lidera el Grupo precisó que el nuevo texto no se refiere ya explícitamente a ‘poderes’, sino simplemente a ‘órganos’, “y afirma que éstos serán ‘coordinados’ por la presidencia”, es decir da pie a la subordinación de todos los poderes públicos al presidente del país.

Policías voluntarios

Además de ampliar el periodo presidencial, elevar el papel de la vicepresidencia y eliminar la separación de poderes, la reforma crea un cuerpo auxiliar de “policías voluntarios” integrado por ciudadanos nicaragüenses para apoyar a la Policía Nacional, y suma a los símbolos patrios la bandera del Frente Sandinista de Liberación Popular, el movimiento revolucionario que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y la cual perteneció Daniel Ortega.

El Grupo apeló a la comunidad internacional para que inste al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos, y que cumpla sus obligaciones internacionales.
 

* El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Creado en marzo de 2022, tiene la misión de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.