La represión en Venezuela debe parar, dice la misión de expertos independientes

Tras los comicios presidenciales del 28 de julio pasado en Venezuela, en las que las autoridades electorales declararon vencedor al actual mandatario Nicolás Maduro, se suscitó una serie de movilizaciones de protesta, tanto en las calles de todo el país como en las redes sociales, a las que el Gobierno ha respondido con represión, según la Misión de Determinación de los Hechos en ese país*, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Misión, conformada por expertos independientes, emitió un comunicado este lunes exigiendo a las autoridades venezolanas a detener inmediatamente la represión e “investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.

De acuerdo con los expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que las denuncias deben investigarse y que, de confirmarse un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas.

“Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, apuntó.

Detenidos por rechazar el resultado de la elección

Los datos de los expertos, obtenidos del análisis de informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que después de la elección fueron detenidos al menos 1260 personas, incluidas 160 mujeres.

La mayor parte de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital, 18%; seguido de los estados de Carabobo, 16%; y Anzoátegui, 9%.

Los números proporcionados por el Fiscal General de la República elevan aún más a cifra al reportar 2200 detenidos de manera indiscriminada, con la calificación de “terroristas”.

Entre las personas detenidas se cuentan dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades.

Los expertos argumentaron que la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades y detallaron que muchas de las detenciones ocurrieron después de que esas personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades fueron a buscarlas a sus casas.

Niños imputados

Además, informaron tener denuncias de detenciones de más de cien niños, niñas y adolescentes imputados por los mismos crímenes graves que los adultos. Esos menores de edad no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.

“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, declaró Francisco Cox, integrante del grupo.

Detenciones arbitrarias

Los especialistas sostuvieron que las características de las detenciones indican que se trata de detenciones arbitrarias y que violan el debido proceso, dejando a los afectados desprotegidos ante el sistema de justicia.

Apoyaron esta afirmación citando audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.

En este sentido, la Misión recalcó que todas las personas detenidas bajo esas condiciones deben ser liberadas inmediatamente.

“Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”, subrayó Patricia Tappatá, otra de las integrantes.