La sociedad civil debe poder participar plenamente en la postulación de nuevos magistrados

Los magistrados que integran actualmente la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Guatemala concluirán su mandato en octubre de 2024. El Congreso deberá entonces elegir nuevos magistrados con base en listas escogidas por las Comisiones de Postulación juramentadas recientemente.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados*, Margaret Satterthwaite, acogió con beneplácito dicha juramentación y recordó que todas las personas que integren las Comisiones deben, de acuerdo con la ley, “actuar con responsabilidad, y sentirse motivados por el interés nacional”.

“De este modo, las decisiones de las Comisiones representarán los intereses más amplios de la sociedad”, sostuvo Satterthwaite en un comunicado publicado este martes.

Publicar los criterios

La experta pidió a las Comisiones hacer públicos los indicadores de cada uno de los criterios para determinar la idoneidad de las y los candidatos: “capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad acreditada”.

La relatora señaló que la sociedad civil debe poder participar plena y significativamente en la consideración de las y los candidatos y en la supervisión del proceso, por lo que instó a las Comisiones a considerar y responder sustantivamente a las objeciones o “tachas” presentadas por sociedad civil.

Asimismo, urgió a no repetir el pasado, cuando los jueces no fueron nombrados durante casi un mandato completo. “El pueblo guatemalteco merece tribunales conformados por juezas y jueces del más alto calibre, nombrados de forma oportuna, cumpliendo los plazos legales”, puntualizó.

Recalcó que debe haber un esquema claro de evaluación con la puntuación que se asigna a cada criterio claramente especificada y compartida desde el inicio del proceso.

El esquema de evaluación y el cronograma que se seguirán también deben detallar los métodos de evaluación, los criterios para posibles exclusiones de postulantes, y los criterios para la aceptación o exclusión de objeciones a candidaturas.

Satterthwaite consideró que en el caso de las y los funcionarios que ya ocupan cargos judiciales, los criterios de capacidad y especialidad deben incluir una evaluación independiente del desempeño actual de sus funciones.

Honradez y honorabilidad

Con respecto a los criterios de honradez y honorabilidad, subrayó que no haber tenido una sentencia penal es insuficiente por sí sola y argumentó que debe exigirse a los candidatos que presenten una declaración jurada y pública de bienes, contratos de trabajo y una declaración jurada y pública de conflictos de interés personales y comerciales.

“Todos estos elementos deberían tenerse en cuenta a la hora de evaluar la honradez y la honorabilidad”, enfatizó.

La experta ha planteado sus recomendaciones al gobierno de Guatemala.

*Los Expertos y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.