Las autoridades de Venezuela deben respetar los derechos humanos

Las autoridades venezolanas deben respetar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos y liberar a todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente, declaró este jueves la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela*.

El próximo 10 de enero, el mandatario del país, Nicolás Maduro, asumirá nuevamente la presidencia, luego de haber sido reelecto en los comicios del 28 de julio pasado, cuyos resultados han sido impugnados por la oposición.

En este contexto, la Misión llamó a las autoridades respetar el ejercicio de los derechos a manifestarse y expresarse libremente y sin miedo a posibles represalias de todos los venezolanos.

“Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”, dijo Marta Valiñas, quien lidera de la Misión.

Añadió que toda conducta violatoria de derechos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso.

Crisis de derechos humanos

Según la Misión, la represión violenta contra la población que protestó tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de julio constituyó una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país. 

Francisco Cox, integrante de la Misión, detalló que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de partidos de la oposición, diez periodistas y una defensora de derechos humanos.

Cox agregó que quienes ordenan detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos, al igual que quienes las ejecutan, son responsables penalmente de forma individual.

A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público informó que 1369 personas de las más de 2500 detenidas durante el periodo postelectoral habían sido excarceladas después de la revisión de sus casos.

La Misión aclaró que no ha podido corroborar esos datos, y abundó que, de acuerdo con los últimos datos de la organización no gubernamental Foro Penal, 1849 personas permanecen en prisión por motivos políticos y son objeto de irregularidades y restricciones múltiples que afectan su alimentación, su salud y el acceso a las garantías procesales indispensables en los procesos que se iniciaron contra ellas.

El Estado debe atender a los detenidos con problemas de salud

Además de exigir una vez más la puesta en libertad de todos los detenidos arbitrariamente y el respeto por las propias leyes venezolanas, la Misión reiteró la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas detenidas con problemas de salud, a los adultos mayores, y a considerar seriamente el interés superior de niños que aún afrontan procesos penales.

La Misión recordó que cada día se suman personas capturadas y se cuentan en centenares quienes todavía permanecen en prisión sometidas a condiciones indignas, actos de tortura, así como a tratos inhumanos, crueles y degradantes.

“Las personas excarceladas, incluidos niños y niñas, permanecen sometidas a medidas cautelares y a procesos por delitos graves, como terrorismo o traición a la patria. La persecución a las personas opositoras o a quienes el gobierno considera como tales, no sólo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto”, señaló.

La Misión especificó que, conforme a su mandato, presta atención especial a los sucesos del periodo anterior y posterior a la toma de posesión presidencial.

También adelantó que investigará los casos de violaciones graves de derechos humanos y delitos que pudieran ocurrir y analizará si se enmarcan en la política de Estado de silenciamiento de la oposición, ya identificada en sus informes anteriores. 

* En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su último informe anual durante un dialogo interactivo del Consejo en septiembre de 2024, acompañado de un documento de sesión con sus conclusiones detalladas. En su resolución 57/36 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.