Las transferencias de armas conllevan un grave impacto humanitario y de derechos humanos

Los Estados y el sector privado deben esforzarse más para detener el devastador impacto de las transferencias de armas en los derechos humanos, apuntó un informe divulgado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para esas garantías fundamentales.

El estudio señala que al vivirse en la actualidad el mayor número de conflictos violentos desde la Segunda Guerra Mundial, dichas transferencias, al igual que el desvío de armas están contribuyendo a la represión interna, las violaciones y abusos de los derechos humanos y las transgresiones graves del derecho internacional humanitario.

“Las transferencias de armas no son una zona libre de derechos humanos, tanto los Estados como los actores privados tienen obligaciones y responsabilidades claras en virtud del derecho y las normas internacionales”, subrayó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Corrupción y conflicto de intereses

El informe detalla los desafíos relacionados con la corrupción y los conflictos de intereses en el sector armamentista, así como las falencias en lo que los Estados y el sector privado deberían hacer -y lo que hacen en la práctica- para prevenir, atender y mitigar el impacto negativo de las transferencias de armas sobre los derechos humanos.

La corrupción parece afectar a todo tipo de transferencias de armas, independientemente de la región a la que se transfieran, señala el documento, detallando que varios de los mayores fabricantes de armas del mundo han incurrido en corrupción, incluso mediante el soborno sistemático de funcionarios extranjeros.

La corrupción impulsa el comercio de armas y puede dar lugar a la compra de equipo militar innecesariamente costoso por parte del comprador, en detrimento de la capacidad del Estado receptor de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, la corrupción en esas transferencias puede poner en peligro la capacidad de defensa y de protección de la población del Estado receptor.

“La corrupción es también un factor que facilita el desvío, en particular de armas pequeñas y ligeras”, apunta.

La Oficina de Derechos Humanos agregó que las prisas políticas y los objetivos económicos a menudo dan lugar a que se permitan transferencias de armas aunque existan riesgos reales de que puedan contribuir a violaciones del derecho internacional.

Investigación y rendición de cuentas

En este sentido, Türk llamó a investigar, procesar y castigar a quienes ayudan a perpetrar crímenes internacionales mediante transferencias de armas.

“También deben revisarse y eliminarse las barreras para impugnar las decisiones sobre transferencias de armas ante tribunales independientes”, agregó.

El informe destaca además que las empresas a menudo carecen de políticas de derechos humanos y procesos de diligencia debida para evaluar de forma independiente los riesgos de violaciones.

“Los Estados y el sector privado deben hacer más para cerrar las lagunas de cumplimiento y actuar de manera eficaz para prevenir, atender y mitigar el impacto negativo de las transferencias de armas sobre los derechos humanos”, dijo el Alto Comisionado.

Türk explicó que para abordar las cuestiones sistémicas, las transferencias de armas deben estar sujetas a una mayor supervisión y rendición de cuentas.

Recomendaciones

Con el fin de reforzar la supervisión y evitar que las transferencias de armas devengan en violaciones del derecho internacional, el informe emitió una serie de recomendaciones entre las que se cuentan, para los Estados:

• Evaluaciones de riesgo rigurosas
• No transferir armas prohibidas
• Prevenir y evitar transferencias de armas ilícitas por parte de terceros
• Garantizar la supervisión judicial de las transferencias
• Otorgar recursos efectivos a las víctimas

Para el sector privado:

• Respetar los derechos humanos
• Apegarse a los estándares del derecho internacional establecidos para las entidades comerciales de la industria armamentística