Los bosques, víctimas de la tala ilegal, el narcotráfico, la minería y el tráfico de especies

Un nuevo estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado este lunes, muestra que la delincuencia forestal está interconectada con otros tipos de actividades ilegales, como la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de drogas, lo cual agrava los daños al medio ambiente, las comunidades y la economía.

Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging, la segunda parte del Análisis Global de los Delitos que Afectan al Medio Ambiente, ofrece una visión global del estado del conocimiento de los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y a los actores criminales que están detrás de la deforestación y la tala ilegales.

“Nuestro estudio demuestra que los autores de delitos forestales suelen estar implicados en otros tipos de delitos, desde el tráfico de drogas y de especies silvestres hasta la explotación minera ilegal, pasando por el trabajo infantil”, declaró Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la UNODC.

“También pueden ser empresas legítimas que buscan atajos para aumentar sus beneficios”. 

Aumentar beneficios, incrementar influencia y conseguir control territorial 

Los grupos de delincuencia organizada pueden participar en delitos forestales para aumentar sus beneficios o incrementar su influencia y control territorial.

En Sudamérica estos grupos blanquean sus beneficios del narcotráfico en la especulación con la tierra, el sector agrícola o la ganadería. Mientras tanto, en la cuenca del Congo y en Somalia, grupos de delincuencia organizada con motivaciones políticas han vendido y gravado con impuestos el carbón vegetal procedente de bosques talados ilegalmente.

En algunas partes de América Latina, los grupos delictivos organizados están implicados en una serie de actividades ilícitas que van más allá del tráfico de drogas y que tienen un importante impacto negativo en el medio ambiente y crean focos de violencia.

La cuenca del Amazonas es una región donde las organizaciones de narcotraficantes perpetran delitos que afectan al medio ambiente más allá de la deforestación.

Delitos forestales se infiltran en procesos legales

Según el estudio, los delitos forestales se infiltran en los procesos legales y en las cadenas de suministro, lo que dificulta su represión.

La madera talada ilegalmente, por ejemplo, entra en los mercados legales a través de permisos fraudulentos, sobornos y lagunas normativas, a menudo con la ayuda de funcionarios corruptos y empresas cómplices, lo que permite su blanqueo en la economía mundial.

Además de las empresas de madera, también se ha investigado a otras industrias por deforestación y tala ilegales. Un funcionario de América Latina ha afirmado que las empresas de construcción deforestan y abren caminos para luego permitir la tala ilegal, como se desveló en un caso reciente en Sudamérica.

Regulaciones pueden tener consecuencias imprevistas

El solapamiento de delitos “agrava los efectos ya de por sí nefastos de la delincuencia forestal y subraya la necesidad de un enfoque coordinado, una normativa más estricta y una aplicación rigurosa para combatir eficazmente estas amenazas interconectadas a nuestra biodiversidad, economía y seguridad mundial”, indicó Me.

El informe señala que: “La lucha contra los delitos forestales, como la deforestación y la tala ilegales, es fundamental para garantizar la protección y la gestión sostenible de los bosques”.

La regulación de los delitos forestales ha tenido tanto éxitos como consecuencias imprevistas. Las medidas hacia la demanda de madera pueden reducir la oferta ilegal. Sin embargo, estas normativas también pueden hacer que la madera de origen ilegal se desplace a otra ubicación geográfica.

Los proveedores también pueden simplemente pasar a talar otros tipos de árboles para eludir la carga administrativa que supone comerciar con especies protegidas como el palisandro.

El estudio subraya que los marcos políticos deben responder a la evolución de las estrategias ilegales y ser evaluados sistemáticamente para colmar las lagunas normativas.