Se necesitan reformas que regulen la violencia digital contras las mujeres en América Latina

Las mujeres enfrentan una creciente incidencia de la violencia en los entornos digitales, la cual es una violación de los derechos humanos que perpetúa las desigualdades de género y limita la plena participación de las mujeres en las sociedades democráticas.

El evento (organizado por el Gobierno de España) *Violencia Digital Contra las Mujeres: Hacia Políticas y Alianzas Transformadoras en el Marco de Beijing+30, realizado este miércoles en la sede de las Naciones Unidas, presenta soluciones como la implementación de políticas públicas efectivas, la alfabetización digital y la cooperación internacional para crear entornos digitales seguros e igualitarios para las mujeres.   

Según una investigación presentada en el evento existen cinco tipos de violencia de género digital: la subestimación de capacidades, con un 12% de comentarios en redes sociales basados en esto, los ataques por afiliación política y compromiso cívico (11%), los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad (2%), ataques a la identidad (1%), y tres amenazas directas por cada mujer.

Las soluciones a estos actos de violencia son: el fortalecimiento de los marcos normativos, la promoción de la educación digital con perspectiva de género, la mejora del acceso a la justicia y la exigencia de una responsabilidad a plataformas digitales y Estados.

Una nueva realidad alternativa exenta de controles

Ana Redondo, ministra de Igualdad de España y Presidencia de la Iniciativa (IIPPEVCM), explicó las dificultades a las que la igualdad de género se ha enfrentado con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la situación de “realidad alternativa” en las redes sociales que está “exenta de controles”.

Cuando las redes sociales afectan la vida real se corre el riego de no proteger los derechos y libertades de las mujeres, quienes se ven afectadas por la violencia digital. Para afrontar este problema es necesario conseguir un compromiso a multinivel entre los ciudadanos, que deben exigir sus derechos en la vida real y en las redes sociales, los estados y de las instituciones, que deben crear acuerdos amplios y globales para enfrentarse al problema.

Además, se deben crear leyes específicas que eviten el anonimato en redes sociales, establecer mecanismos de control judicial y promover la colaboración público-privada.

Amenaza directa a la democracia

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de República Dominicana, dijo que la violencia digital contra las mujeres en la política es una amenaza directa a la democracia y un factor que profundiza la polarización social.

Las campañas de violencia digital contra mujeres en la política, provocan ataques con mensajes de “mucho desaliento a otras mujeres”, que limitan el derecho a la representación y “debilitan el pluralismo político que tanto hace falta para contar con una democracia robusta”.

La violencia política en redes es uno de los principales obstáculos que limita la participación en la política.

Según datos expuestos por Jiménez, 8.43% de los mensajes que reciben las candidatas políticas contenían violencia de manera explícita, que “refuerza la idea de que las mujeres no debemos estar en la esfera pública”. Además, el 73% de los mensajes fueron enviados por hombres.

Esta violencia deja grandes huellas en las mujeres

Anais Burgos, diputada al Congreso de la Unión de México, explicó la importancia de crear reformas que regulen la violencia digital y protejan a las mujeres.

La diputada le explicó a Noticias ONU sobre el efecto que tiene la violencia digital en la región, que: “Este es un tipo de violencia que no se ve, pero que deja huellas importantísimas porque te genera zozobra, discriminación, paranoia, miedo, ansiedad y todo eso se ve reflejado en tu propia salud mental y física”.

“Hoy nosotras tenemos un gran compromiso (…) para sancionar este tipo de violencia en todas sus formas”.

Además, explicó el nuevo problema que presenta la IA al no estar regulada en la región: “El compromiso es regularla para que, como en el caso de mi país, no haya niñas que son violentadas, y en el que no pueda ser castigado el violentado, porque no hay un marco normativo”.

Este problema también afecta específicamente a las mujeres que participan en la política, Burgo dijo que: “Nosotras cuando sufrimos este tipo de violencia, a veces pensamos en retirarnos de la política para ya no ser blanco de los ataques y de las violencias. Sin embargo, creo que las mujeres hemos aprendido a ser resistentes (…) porque, si me lo hacen a mí, que tengo voz pública, y lo puedo denunciar, ¿qué se espera una niña o una adolescente que no tiene este espacio de la esfera pública? Pues lo va a vivir de manera solitaria (…)”. 

Burgos ha vivido la violencia digital en carne propia: “quienes se dedican a violentarme buscan hasta el último rincón y ocupan mis datos personales, ocupan mis relaciones familiares para atacarme, mi origen, mi color; me cosifican todos los días”.

Sin embargo, “vivirla me hace comprometerme a que tengo que hablarlo, tengo que visibilizarlo, tengo que denunciarlo. Pero ahora como legisladora, pues tengo que trabajar en ello”.

Nuevas tecnologías, un arma de doble filo

Marcela Hernández Oropa, forma parte del movimiento Ley Olimpia, además es fundadora de la Red de Defensoras Digitales.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas, y un movimiento social y político conformado por víctimas de violencia digital desde 2013, que incluye la prevención, la capacitación, y un conjunto de sanciones para que los agresores.

En una entrevista con Noticias ONU, Hernández explicó el impacto que esta ley ha tenido. “En México no ha sido fácil. Ahora puedo hablar de un gran impacto, pero la realidad es que fueron muchos años sin que nadie nos hiciera caso y eso me parece importante visibilizarlo porque no es como de la noche a la mañana”.

“Actualmente podemos tener documentadas más de 700 acciones de parte de diferentes entidades del gobierno en todo el país (…) que hacen, por ejemplo, campañas de información para para prevenir y atender la violencia digital, para dar a conocer y sensibilizar la problemática”.

Hernández profundizó en el impacto que las legislaciones que protegen a las mujeres de estos tipos de violencia tienen para ellas: “en el momento en que hay una legislación que confirma que lo que les está pasando es un delito, que ellas son víctimas y no culpables es un gran respaldo, una gran forma de empoderar a las mujeres que han vivido violencia digital (…)”. 

“Me acuerdo la primera vez que yo supe de una chica que se suicidó porque difundieron un video en donde estaban abusando de ella sexualmente. Fue en 2008. Nadie hablaba de eso, y me dejó muy marcada. (…) . Yo no la conocía, pero supe de su caso (…) y supe en ese momento que algo estaba por venir, que iban a pasar más cosas”.

Las nuevas tecnologías han demostrado que más problemas estaban por venir. “Es súper impresionante cómo, en cuanto se masifica una tecnología, inmediatamente surgen casos como para la violencia de género en contra de las mujeres”.

“En cuanto se masificó (…) el uso de inteligencia artificial, inmediatamente [se dieron] un montón de casos en universidades y escuelas de diferentes partes del mundo, en donde los chicos tomaban imágenes de sus compañeras, para desnudarlas, para crear material sexualmente explícito, con su imagen, con su identidad, pero sin su consentimiento”.

“Parte de los grandes retos es apropiarnos nosotras de los desarrollos tecnológicos, porque solo así no van a estar impregnados de una visión y de una postura patriarcal”.

En la Red de Defensoras Digitales han impulsado una herramienta tecnología que hace justo eso. “Desarrollamos una plataforma de inteligencia artificial para apoyar los procesos de las víctimas de violencia digital (…) para generar una respuesta conversacional”.

“A través de un chat de WhatsApp, lo cual permite que estemos en todas partes del mundo las 24 horas del día todo el tiempo. (…) Es un chat al que le puedes preguntar qué hacer frente a una situación de violencia digital te puede contestar dependiendo de la región del mundo en donde te encuentres”.

En la búsqueda de la resiliencia digital

Roberta Braga, directora ejecutiva del Instituto Democracia Digital de las Américas (DDIA) explicó a Noticias ONU: “La violencia digital contra mujeres es un problema enorme y una cosa que se empeora, porque la polarización y la desconfianza en línea está empeorando. Lo bueno es que hoy en día ya sabemos cuáles son las narrativas meta que se reciclan y cuáles son las tácticas y manipulación que se presentan en contextos diferentes y en países diferentes”.

“Lo que quiere decir que tenemos la información necesaria para combatir ese problema y que tenemos herramientas que podemos utilizar”.

“No existe una separación de nuestro mundo digital y de nuestro mundo real, entonces la violencia es algo que nos afecta en línea, pero también en el día a día”.

Los diferentes tipos de narrativas explican las formas en las que se ataca a las mujeres en línea, estas sirven para exponer las diferentes situaciones que se afrontan en internet, “y así crear una resiliencia digital”. 

“El primero es que nos llaman de “incontrolables”, nos llaman “muy emocionales” y nos acusan de ser controladas por hombres a nuestro alrededor. Lo que significa que están como que deseando que no podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda de otro”.

“La segunda narrativa es que somos “antipáticas”, que no somos amigables, que con nosotras no pueden trabajar. La tercera narrativa, tiende a ser que no estamos calificadas para lo que estamos haciendo, que no tenemos la experiencia, las trayectorias o los valores para hacer nuestro trabajo”.

“Yo no creo que la violencia digital contra las mujeres dejará de suceder, eso siempre existirá”.

Pero Brage explica las herramientas que se pueden tomar en cuenta, como “construir una narrativa proactiva de nosotras y trabajar con gente para amplificar ese aspecto positivo, y al mismo tiempo exponer las tácticas de manipulación”.

* El evento fue organizado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM).