Venezuela: El Alto Comisionado de Derechos Humanos pide la liberación de los detenidos arbitrariamente

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó este viernes a las autoridades venezolanas a que pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio.

“Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, y a los trabajadores humanitarios”, dijo Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos en su última actualización sobre la situación en el país.

28 homicidios sin investigar

El Alto Comisionado se refirió nuevamente al uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno.

En este sentido, pidió que se lleve a cabo una investigación “rápida y efectiva” de al menos 28 homicidios que, según los reportes, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas.

Por otra parte, Türk se refirió al “uso continuado” de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos.

Según las autoridades venezolanas, unas 2000 personas han sido detenidas desde las elecciones. “Me preocupa que muchas de estas personas han sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y abogadas, así como transeúntes”, dijo Türk.

Las autoridades anunciaron la liberación inicial, con condiciones, de más de un centenar de personas. “Desde entonces han anunciado nuevas liberaciones. Se trata de un paso importante”, señaló el Alto Comisionado, animando a las autoridades a que revisen los casos de las personas que siguen detenidas.

Garantías de un juicio justo

El máximo responsable de velar por los derechos fundamentales también instó a las autoridades a que ofrezcan garantías de un juicio justo a las personas detenidas.

Además, pidió que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales. “Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica”, dijo a este respecto.

El Alto Comisionado informó que su Oficina ha empezado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas, cuyo personal fue expulsado del país en febrero de 2024. “Mi esperanza es que podamos recuperar nuestra plena presencia”, añadió.

Espacio cívico restringido

Por otra parte, Türk afirmó que el espacio cívico en Venezuela “sigue estando restringido”, y se refirió a las amenazas y el hostigamiento dirigidos a defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en los colegios electorales.

Dado que muchos han abandonado Venezuela, animó a los Estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar “un enfoque flexible” en relación con los documentos de identidad vencidos.

Según los reportes, al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes.

“Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor”, dijo Türk, quien también se refirió a legislaciones restrictivas como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG. “Estas nuevas leyes corren el riesgo de vulnerar el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política”.

En este sentido, el Alto Comisionado señaló que es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo. “Esto es importante para cualquier sociedad, y especialmente en Venezuela ante la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año”, añadió.

Además, se refirió a las seis personas que se encuentran en los locales de la embajada argentina, asegurando que están dispuestos “a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución”.

Volker Türk indicó que se necesitan “con urgencia” negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un “camino viable”. “Pido que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo.

Obstáculos a la alimentación, la educación, la sanidad y el trabajo digno

El Alto Comisionado indicó que los venezolanos se enfrentan a graves obstáculos para acceder a la alimentación, la educación, la atención sanitaria y un trabajo digno, incluido un salario digno.

“Los salarios siguen siendo extremadamente bajos a pesar del aumento del 8,5% del Producto Interior Bruto registrado el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos”.

Aunque se refirió al reciente anuncio de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores como “un paso adelante”, expresó su preocupación por los informes sobre la suspensión arbitraria de los salarios de los docentes, el despido injustificado de trabajadores y la jubilación forzosa de dirigentes sindicales, incluso por sus opiniones políticas.

Minería ilegal

Türk indicó que algunas comunidades indígenas también se enfrentan al impacto de la minería ilegal en su territorio.

“Me alarman las noticias sobre el asesinato de un guardián indígena que participaba en la protección del territorio frente a la minería. Pido que se lleve a cabo una investigación transparente sobre este homicidio, y sobre el homicidio del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Virgilio Trujillo, hace dos años”, señaló al respecto.

Por último, Türk reiteró que las sanciones sectoriales tienen un impacto desproporcionado en los más vulnerables, y también afectan al trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. “Es necesario reevaluarlas y levantarlas”, aseveró.

“La sociedad necesita sanar, superar las divisiones y la polarización, y entablar un diálogo inclusivo como prioridad absoluta”, concluyó.

Información de prensa

A continuación, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra dijo al Alto comisionado que el tenor de su intervención, justo en ese momento, cuando “apenas están dando los primeros pasos” para la reactivación de la cooperación con su Oficina, “en nada contribuye a este proceso”.

“Venir nuevamente, aquí, a presentar información de prensa, redes sociales y narrativas interesadas de sectores de la oposición fascista de Venezuela, apoyada y financiada por Estados Unidos y la Unión Europea, comprometen la objetividad y la imparcialidad y la independencia de los trabajos de su Oficina”, indicó Alexander Yánez.

Dijo, además, que rechazan como la Oficina del Alto Comisionado muestra preocupación por las leyes Simón Bolívar y la Ley de las ONG “sin conocimiento alguno”. “Ambas leyes vienen a reforzar el resguardo de la soberanía, el derecho a la auto determinación y el deber de todos los venezolanos de honrar y defender a la patria”, señaló al respecto.